Sexualidad y aborto: una situación ineludible. Parte 1

Dr. Alvaro Pandiani*

En nota de prensa del diario El País de fecha 16 de setiembre pasado puede leerse lo siguiente: “en una conferencia de prensa, la organización civil Iniciativas Sanitarias presentó datos sobre la actividad del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pereira Rossell. Allí revelaron que, desde 2007 hasta la fecha, el 53,2% de las 2.500 mujeres que se atendieron allí interrumpieron su embarazo. De éstas, el 90.5% se realizó el aborto con el medicamento misoprostol. De las 2.500 consultas, solo el 21,3% continuó con el embarazo” (www.elpais.com.uy/…/mutualista-se-resiste-a-recetar-y-proporcionar-anticonceptivos). El propio encabezado de la noticia es algo tendencioso, sin duda, y no deja de resultar llamativo que el matutino mencionado, de conocida filiación nacionalista, colectividad política que se caracteriza por su acercamiento a la Iglesia Católica Romana, titule el artículo diciendo: Mutualista se resiste a recetar y proporcionar anticonceptivos. La mutualista en cuestión es el Círculo Católico de Obreros. Esta nota vuelve a poner en el tapete esa materia pendiente para la sociedad uruguaya, que quedó en suspenso luego del veto del presidente Tabaré Vázquez, y que desde este espacio dijimos más de una vez será nuevamente tema de debate y agitación política y social el próximo año: el de los derechos a la salud sexual y reproductiva, y su coletazo ineludible: la despenalización del aborto.

El Círculo Católico de Obreros, como institución de salud, ha tomado la delantera en la defensa de principios cristianos que, no por tradicionales, son menos valederos y beneficiosos que aquellos que el estamento político, los medios de prensa y algunas organizaciones pretenden hacernos pensar. Como evangélicos nos hacemos eco fundamentalmente de dos: un goce equilibrado de la sexualidad, y un firme rechazo del aborto. Hace ya casi dos años, cuando la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto, que esta institución de salud católica anunció públicamente que no harían abortos; luego, y después de mucha discusión interna, el Hospital Evangélico llegó a una decisión similar. Si bien la nota de prensa que comentamos ahora gira sobre el uso de los métodos anticonceptivos, que el Círculo Católico se estaría negando a proporcionar, las reacciones que recoge el artículo son extensivas a otros aspectos del manejo actual de los temas sexualidad y aborto, y merecen comentarse.

Es verdad que como evangélicos nuestra posición sobre el uso de los métodos anticonceptivos y la planificación familiar no es tan monolítica como la de los católicos, e incluso podemos llegar a postular que sería mejor prevenir la concepción que, una vez producida ésta, incurrir en el aborto; pero la realidad es que ni siquiera en el tema aborto la posición de los evangélicos es uniforme, habiendo algunas denominaciones que están a favor de su despenalización, aunque filosóficamente todos lo consideran un crimen. Pero lo alarmante es leer declaraciones como las que recoge este artículo de prensa; por ejemplo, la de un profesor adjunto de una de las clínicas ginecológicas del Hospital Pereira Rossell, quién habría “advertido” que “la objeción de conciencia que puede hacer un médico ante determinado tratamiento es personal. No hay objeción de conciencia institucional”. Este señor profesor adjunto hace una “advertencia” que podríamos calificar de “políticamente correcta”, acorde a los tiempos que corren, y fundamentalmente acorde a los vientos que soplan, pero que no deja de estar impregnada de intolerancia hacia una posición filosófica y religiosa que, obviamente, él no comparte. Sería bueno avisarle a este profesor que las instituciones están formadas por personas, y que si las personas toman una posición uniforme sobre un tema, posición basada en una conciencia religiosa cristiana, ésta debería ser respetada; pues en caso de no serlo, se incurre en discriminación. Algo similar ocurre con el informe que, siempre según esta nota, la representación de los trabajadores elevó a la JUNASA, en la que también “advierten” que “la no aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva por motivos religiosos es ilegal”. Es ilegal, porque no cumple con una ley que contempla la posible objeción de conciencia de individuos, pero no la de instituciones, que es lo que venimos diciendo. Es ilegal, porque la ley es rígida, surgida de lo que en otro momento llamamos el despotismo parlamentario de unos pocos que legislaron sobre la moralidad pública y el derecho o no a la vida de aquel que no puede defenderse. Es ilegal, porque se legisló pasando olímpicamente por arriba de los contenidos filosóficos de una fe que, como la cristiana, tiene en Montevideo la adhesión del 52,4% de la población, según el informe Condiciones de vida en Montevideo – 2do semestre 2008, del Instituto Nacional de Estadística. Y no contamos el 24,9% que solo cree en Dios, según dicho informe, aunque nos preguntamos, en un país con tan larga tradición cristiana, ¿en qué Dios será que creen? Sobre todo porque el mismo informe nos habla de un poco más de 2% de adherentes a otras opciones religiosas (¿no cristianas? Seguramente).

Pero donde la discriminación toma visos violentos es en los dichos de Jorge Basso, Director General del MSP, quién en relación a la resistencia a cumplir con algunos requerimientos de la aún no promulgada ley, afirmó que “en las instituciones de salud que exigen algún seguimiento especial por sus particularidades, eso debe estar en conocimiento de los usuarios para eventualmente poder tomar decisiones, tanto para afiliarse como para elegir un nuevo prestador de servicios en los momentos en que pueda hacerlo” (el énfasis es mío). Realmente asusta que un jerarca del gobierno hable de instituciones que exigen seguimiento por sus particularidades; eso también suena enormemente discriminatorio. Pero lo que es muy preocupante es la amenaza velada que sale a continuación; al hablar de la posibilidad de que las socias se desafilien y elijan otra institución de salud, ¿no está indirectamente sugiriéndole a las socias esa desafiliación? ¿Cómo pueden recibir esto, no digamos ya los dueños, sino quienes se ganan la vida con su trabajo en una institución que vive de las cuotas pagadas por los socios? ¿No se está atentando contra los principios de vida de las personas, mediante  una amenaza a sus bolsillos, a su sustento? Ciertamente, eso parecería un experimento para corroborar la veracidad de ese viejo refrán que dice: la necesidad tiene cara de hereje. El mensaje que se dio al Círculo Católico de Obreros, ¿no fue acaso: “muchachos, pórtense bien o se les van a ir los socios, y se van a quedar sin nada”? Porque en ese caso, desde esta columna, como evangélicos pero mucho más como cristianos, saludamos la firmeza del presidente de la institución, Daniel López Villalba, que respondió: “quien se ha hecho socio de una institución que se llama Círculo Católico del Uruguay, que está basada en la doctrina social de la Iglesia de mediados de siglo XIX, sabe que se ha afiliado a una mutualista sin fines de lucro, que existe porque existe la Iglesia”. Más allá de las diferencias en doctrina que tenemos con los católicos, que en cuanto a doctrina social no pueden ser tantas ni tan importantes, no podemos menos que dar nuestro reconocimiento a quienes se mantienen firmes en sus creencias y valores, en vez de inclinarse hacia donde sopla el viento.

*El Dr, Álvaro Pandiani es columnista de la programación de RTM UY en “Diálogos a Contramano que se emite los martes 21:00 a 21:30 hs.